La historia que vive la región de Murcia es complicada, y ya se encargan lo políticos de diluir los sinsabores con el azucarillo de la sobreexposición de eventos deportivos, reality shows y contenidos virales que hacen que la cobertura de temas críticos, como la corrupción, la desigualdad social o las complicaciones medioambientales, sepan no tan amargos. El inconveniente es que sean desplazados tanto que olviden cuestiones fundamentales y la cosa en lugar de solucionarse se infle.

Una de las deformaciones más sorprendentes creo, es vanagloriarse de la situación de vulnerabilidad de muchos murcianos, como se ponía de relieve cuando anunciaba Mariola Guevara, que más de 100.000 murcianos recibieron el Ingreso Mínimo Vital en 2023 (es decir que casi un 10% de los que viven en esta Región están en pobreza extrema).

Como sabemos el Ingreso Mínimo Vital ha sido implementado con la intención de proporcionar un salvavidas económico a aquellos que se encuentran en situaciones precarias. Y subraya que una creciente cantidad de beneficiarios es sin duda una señal preocupante de pobreza y necesidad apremiante.

Para el gobierno de López Miras esta es una de las noticias más desastrosas, y se hace crucial analizar si las políticas existentes están abordando adecuadamente las raíces del problema. ¿El sistema del Gobierno regional está logrando un respaldo temporal o está contribuyendo a una dependencia prolongada de la asistencia social?

¿Las políticas de los gobernantes murcianos están planteando adecuadamente los retos del mercado laboral, promoviendo la creación de empleo? ¿No será necesario ajustar el enfoque para tratar las causas de la pobreza y fomentar la autosuficiencia económica?

Pero como en otras épocas no muy lejanas los que mandan siguen usando las mimas herramientas de manipulación y distracción de antaño. No es difícil ver como existe un control de la narrativa, que en ocasiones usa la censura, sesgando alguna información que pueda presentar una imagen desfavorable de los políticos o dejar de poner de relieve otras alternativas de gestión que no interesa que salgan a la luz, como partidos emergentes, o que puedan poner en evidencia la mala praxis que se hace desde un ejecutivo, como se aprecia en Murcia con el retraso de más de seis meses en la valoración del grado de discapacidad de los murcianos. Este hecho degrada el derecho fundamental de recibir una evaluación oportuna, y conlleva una enorme merma de sus derechos civiles y sanitarios de los que sufren la espera.

Creo que hemos de estar alerta ante las estrategias de distracción y ser conscientes de la importancia social de los temas que realmente importan, para el bienestar de la sociedad.